Como resulta de general conocimiento, el Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de agosto pasado, procedió a aprobar el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP). Y, a continuación, se abrió período de audiencia pública, establecido inicialmente hasta el 16 de septiembre de 2013, para presentación de alegaciones.

Tras la lectura del documento, en reunión celebrada en el Consejo Superior el 8 de agosto, se procedió a valoración y análisis del texto, estableciendo las líneas argumentales que permitan el ejercicio del derecho a participación en consulta pública.

Se confirma que nos encontramos ante un documento apresurado e incompleto, que viene a legislar, fundamentalmente, sobre Colegios Profesionales, a la espera de una futura Ley de Garantías de Unidad de Mercado, así como a los resultados de una Comisión de Reformas de los Colegios Profesionales y otro Grupo de Trabajo específico o Subcomisión, que determinarán las atribuciones profesionales “en el ámbito de la ingeniería o edificación”. Así, sin ninguna mención a la arquitectura como una profesión cuyo ejercicio abarca más que la edificación.

Tampoco se efectúa ninguna referencia a la LOE, documento consensuado y suscrito por la totalidad de las profesiones técnicas a solicitud del Ministerio de Fomento, en 1.999. Y al no contarse entre las disposiciones derogadas en este Anteproyecto de LSCP, es de suponer que la LOE merecerá tratamiento específico, a peor, en posterior desarrollo parlamentario.

Ceñido el texto a tratamiento prácticamente exclusivo de los Colegios Profesionales, éste anuncia una ley gratuita, hueca e inane. En última instancia, exclusivamente demonizadora de las instituciones colegiales.

Efectivamente, para un lector no avisado del documento, desconocedor de la realidad colegial, los Colegios Profesionales resultarían instituciones opacas y oscurantistas; sin regulación estatutaria, ni  presentación de memorias de actividades; tampoco de rendición de cuentas anuales, éstas intervenidas, censuradas y auditadas; carentes de ventanilla única y de medios telemáticos; faltos de servicios de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios; cuyos cargos directivos se dedicarían a la contratación indiscriminada de familiares y que, naturalmente, carecerían de regulación deontológica.

El cumplimiento de todos estos aspectos, y alguno más, se establecen explícitamente en este Anteproyecto de LSCP como obligatorio, cuando ya se cumplen de largo, al menos en los Colegios de Arquitectos. Así, el Gobierno de la Nación legisla sobre lo ya legislado y que está en práctica corriente desde años atrás.

Además, novedosamente, de apreciar la Administración presuntos “supuestos de inactividad, retraso o mal funcionamiento de los Colegios Profesionales” se propicia la intervención de los mismos, en aras de la calidad de los servicios y protección de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales.

Sin embargo, hacer hincapié en los usuarios, que no en los ciudadanos, considerando que la disminución o eliminación del papel de los Colegios Profesionales flexibilizará la economía equivale a olvidar que la ley de la selva o del mercado  está llena de peligros para el usuario.

La protección, seguridad y confianza de los usuarios en la calidad de los servicios profesionales está garantizada por los Colegios Profesionales, en su calidad de “corporaciones de derecho público, creadas por ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”, como lo revalida, una vez más, el mismo Anteproyecto de LSCP.

En última instancia, nos encontramos ante una agresión a la independencia de los Colegios Profesionales y de la misma sociedad civil, que desarrollan en la actualidad funciones delegadas por las Administraciones, local, provincial, autonómica y estatal, sin ningún costo para las mismas..

Frente a lo que, desde luego, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados.

Manuel Paja Fano
decano@coavn.org